La lista negra anti-Israel de la ONU: Mitos & Verdades sobre la base de datos


El Mandato

(click aquí para la versión en PDF en inglés)

El 24 de marzo de 2016, en su 31ª sesión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) adoptó la resolución 31/36 titulada “Los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, y el Golán sirio ocupado.”
La resolución solicitaba al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, una consultoría cercana con el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, para producir una base de datos de todas las empresas que “directa o indirectamente, permiten, facilitan o que obtuvieron ganancias de la construcción y el crecimiento de los asentamientos”. La base de datos debe ser actualizada anualmente.
Se le instruyó al Alto Comisionado que la información deberá ser presentada en forma de reporte al Consejo en su sesión de marzo de 2017, pero él pidió que la fecha límite sea extendida hasta diciembre de 2017. Este límite fue incumplido por un mes, y el reporte fue presentado el 26 de enero de 2018, pero la base de datos en si no fue incluida debida a la falta de recursos, según el Alto Comisionado. Su oficina identificó 206 empresas que cumplían con el criterio de la resolución 31/36, pero la oficina no había podido comunicarse con todas ellas y esperaba que la base de datos sea publicada en el futuro. Lea más.

Mitos & Verdades

[accordion][accordion_section title=”1. MITO: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU que votó la creación de esta lista negra, estuvo motivado por preocupaciones sobre los derechos humanos y el derecho internacional.”]VERDAD: Quienes presentaron la resolución para la creación de la lista negra fueron virtualmente todas tiranías u otros países no democráticos con historiales terribles en derechos humanos, que se oponen a cualquier mecanismo positivo de derechos humanos de la ONU, incluyendo a Kuwait de parte del Grupo Árabe de 22 miembros, por Pakistán en nombre del Grupo Islámico de 56 miembros, junto con Sudán, Venezuela, Argelia, Bahrein, Bolivia, Chad, Cuba, Djibuti, Ecuador, Egipto y Libia.
De la misma manera, la mayoría de los 32 países que votaron a favor de la resolución también eran no democráticos, entre los que se encuentran Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Chad, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Qatar, Rusia, Venezuela y Vietnam.
Por el contrario, muchos de los que votaron a favor de la resolución lo hicieron para desviar la atención de sus propias violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional:
Marruecos votó a favor de la resolución mientras que ocupa ilegalmente el Sahara Occidental desde 1974.
Rusia votó a favor de la resolución mientras que ocupa ilegalmente los territorios georgianos de Abjasia y Osetia del Sur desde 2008 y luego de haber anexado ilegalmente Crimea, propiedad de Ucrania, en 2014.
China votó a favor de la resolución mientras priva a los tibetanos de sus libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, de asamblea, de libre tránsito, de religión y mientras explota los recursos naturales de Tibet para beneficiar a China, no a Tibet, y utiliza el trabajo forzado para producir bienes que son exportados a los Estados Unidos. Según el disidente chino Chen Guangcheng, “muchas de las decoraciones navideñas” son hechas por prisioneros chinos que son forzados a trabajar entre 10 y 15 horas diarias y que son duramente castigados por no cumplir con sus cuotas. Los trabajadores en fábricas de juguetes proveedoras de Mattel, McDonalds y Disney trabajan regularmente más del doble de horas extras permitidas por las ley en condiciones inhumanas. Los estudiantes vocacionales chinos desde los 16 años son obligados a trabajar 12 horas diarias por meses en fábricas que producen componentes de computadoras para compañías globales como HP y Apple para poder recibir sus certificados de graduación.
Qatar votó a favor de la resolución aún cuando mantiene a 800.000 migrantes en el país para construir estadios para el Mundial de Fútbol 2022 bajo un régimen de esclavitud moderna en condiciones de trabajo inhumanas y peligrosas. Si bien Qatar no publica información sobre la muerte de trabajadores migratorios, se ha reportado que cientos han muerto construyendo estados para la Copa del Mundo. Qatar está ubicada en el puesto 5º de 167 en el Índice Global de Esclavitud 2016.
Arabia Saudita votó a favor de la resolución aún cuando provoca las muertes de miles de civiles yemeníes en su campaña de bombardeos utilizando armas provistas por el Reino Unido, Francia, y Estados Unidos.
Venezuela votó a favor de la resolución mientras hiere, arresta, encarcela y tortura a manifestantes pacíficos, disidentes y estudiantes, y cuando sus políticas han provocado el hambre masivo mientras que el ejército controla la importación de alimentos y se enriquece vendiendo comida en el mercado negro.[/accordion_section][accordion_section title=”2. MITO: Pero al menos algunas democracias que votaron a favor de la resolución estaban motivadas por preocupaciones objetivos sobre los negocios que se realizan en territorios en disputa u ocupados.”]VERDAD: Suiza tiene afiliación con al menos dos compañías que conducen negocios en el Sahara Occidental ocupado.[/accordion_section][accordion_section title=”3. MITO: Todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyaron la lista, la cual goza de consenso internacional.”]VERDAD: 15 miembros del CDH se rehusaron a apoyar la lista negra, incluyendo a Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos y al Reino Unido.

  • Estados Unidos: EE.UU. se encontraba en su año obligatorio fuera del CDH en marzo de 2016, cuando la resolución 31/36 se aprobó y, por lo tanto, no tuvo voto. Sin embargo, se opuso fuertemente a la movida en aquel entonces, denominándola una expresión del sesgo anti-Israel de la ONU y afirmando que estaba fuera del mandato del CDH. Más recientemente, Nikki Haley llamó a la base de datos “vergonzosa” y la describió como una “fea creación del CDH”. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert dijo, “hemos dejado clara nuestra posición sobre la creación de la base de datos de empresas operando en asentamientos israelíes en los territorios ocupados, y no hemos participado ni participaremos en su creación ni contribuiremos con su contenido”.
  • Reino Unido: Funcionarios británicos han criticado fuertemente al CDH por abusar de su autoridad en la creación de la lista negra, y dijeron: “Las obligaciones de derechos humanos se dirigen a los Estados, no hacia individuos o empresas, quienes deben determinar sus relaciones comerciales por su cuenta; por lo tanto, no tenemos planes de montar una base de datos equivalente. A fin de cuentas, es la decisión de un individuo o empresa si operar o no en asentamientos en territorios palestinos ocupados. El gobierno británico no promueve ni ofrece apoyo para dicha actividad.”
  • La Unión Europea se opuso a la lista negra e intentó sin éxito persuadir a los palestinos para que quiten el párrafo a cambio del apoyo de la UE para el resto de la resolución.

Además, muchos países se han negado a responder a solicitudes de información realizadas por la ONU sobre la lista negra, según lo confirma el Alto Comisionado en su reporte.[/accordion_section][accordion_section title=”4. MITO: Lal lista negra está en línea con la política de la UE de negarle apoyo a ocupaciones y asentamientos en todo el mundo.”]VERDAD: La Unión Europea no tiene una política respecto a no apoyar a asentamientos, excepto en el caso de Israel. De hecho, con Marruecos, la UE tiene un acuerdo de pesca activo por el que paga €40 millones anuales y recibe a cambio acceso a las aguas de pesca de Marruecos, incluyendo las que están frente a la costa del Sahara Occidental, ocupado por Marruecos.
Más aún, la asistencia extranjera de la UE para Marruecos no contiene ninguna condición que limite el uso de los millones que los europeos le dan en asistencia a Marruecos para que estos no sean usados en el Sahara Occidental.
Similarmente, con Turquía, la UE no ha impuesto ninguna restricción sobre el financiamiento otorgado a los turcos para el proyecto de investigación científica, Horizon 2020 para que el dinero no se utilice en universidades de Chipre del Norte, ocupado por los turcos. (Aún cuando sí se aplican estas restricciones sobre el financiamiento otorgado a Israel para el mismo programa).
Además, la UE no ha promovido ningún boicot contra empresas de hidrocarburos turcas ni contra universidades turcas que operan en Chipre del Norte. La UE provee asistencia directa por un valor de €28 millones por año a la comunidad de chipriotas turcos, incluyendo becas para estudiantes y empresas.[/accordion_section][accordion_section title=”5. MITO: La lista negra es meramente un mecanismo de reporte, no una sanción. Por lo tanto, el Consejo actuó según su mandato al crear la base de datos. (Global Legal Action Network, 6 de diciembre de 2017, párrafo 10; Amnistía Internacional, 30 de noviembre de 2017, párrafo 7).”]VERDAD: El objetivo de la base de datos es desalentar a las empresas para que no conduzcan negocios en asentamientos israelíes, según lo recomendado en el párrafo117 del Reporte de la ONU sobre Asentamientos, el cual hace referencia explícita a la resolución 31/36, y que por busca presionar económicamente a Israel para que se retire de los asentamientos. Por lo tanto, la lista negra es de naturaleza punitiva. Más aún, por lo menos un importante funcionario palestino expresó su deseo de que la lista negra conduzca a sanciones. Ahora bien, bajo el artículo 41 de la Carta de la ONU, solo el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para imponer sanciones sobre un miembro del a ONU, incluyendo “la interrupción completa o parcial de las relaciones económicas, conexiones por ferrocarril, mar, aire, postales, telegráficas, radiales o por cualquier otro medio de comunicación, y la interrupción de las relaciones diplomáticas.” Por lo tanto, la creación de la lista negra diseñada para presionar a Israel económicamente se encuentra fuera de la autoridad del Consejo de Derechos Humanos.[/accordion_section][accordion_section title=”6. MITO: Toda la actividad comercial en asentamientos es ilegal.”]VERDAD: Según el derecho internacional, la actividad comercial en “asentamientos” no es ilegal.

  • La actividad comercial en asentamientos es ubicua. Los países de origen de las empresas que operan en territorios ocupados (como el Sahara Occidental y Chipre del Norte, entre otros) nunca han intentado detener esas operaciones. Dichas empresas a menudo escuchan de expertos en derecho internacional que afirman que conducir negocios en asentamientos no viola el derecho internacional ni los derechos humanos. Esto es consistente con la práctica histórica. Por ejemplo, Francia ocupó la región de Saar de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y la utilizó para redirigir a la industria alemana de carbón y acero hacia Francia.
  • Los tratados internacional permiten que la potencia ocupadora conduzca negocios en territorios ocupados. El artículo 43 de la Convención de la Haya de 1907 obliga al ocupante a “restaurar y asegurar, en la medida de lo posible, el orden público y la seguridad.” Esto se entiende como que se le permite al ocupante construir infraestructura, incluyendo de transporte, de saneamiento, de comunicaciones y de seguridad. La 4ta Convención de Ginebra autoriza a la potencia ocupadora a conducir negocios en el territorio que controla y no le da derecho al ocupado a vetar esto.
  • El Asesor Legal de la ONU aprueba la actividad comercial en asentamientos. En un comunicado de 2002 sobre Sahara Occidental, el asesor legal de la ONU, Hans Corell escribió que la explotación de recursos naturales en territorios ocupados debe conducirse “para el beneficio de los pueblos que habitan esos territorios, en su nombre o en consulta con sus representantes”, pero otros tipos de actividades económicas en el territorio que no involucran la explotación ni la remoción física de recursos naturales pueden ser llevadas a cabo sin aprobación particular de la población local, ni para su beneficio.
  • La corte suprema del Reino Unido afirmó que la venta de productos de asentamientos no contribuye a violaciones del derecho internacional. En 2014, la corte suprema británica decidió que la venta de productos del Mar Muerto israelí en Londres no representaba asistencia o complicidad hacia la transferencia de colonos israelíes hacia territorio ocupado, y que etiquetar los productos indicando que provienen del Mar Muerto, Israel no es engañoso. Vea Richardson v. Director of Public Prosecutions, 2014.
  • Un tribunal francés decidió que los productos de asentamientos y la infraestructura en asentamientos no es ilegal. En 2013 y 2014, una corte francesa sostuvo que etiquetar productos de Soda Stream producidos en Cisjordania como “Hecho en Israel” no era engañoso, y que los productos y su producción no eran ilegales. Vea Tribunal de grande instance, No. 13/06023, 2014. Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Versalles desestimó un caso contra empresas francesas involucradas en la construcción de tren ligero de Jerusalén, el cual atraviesa parcialmente la Línea del Armisticio de 1949. La corte sostuvo que las Convenciones de Ginebra no se aplican a empresas privadas y que, por lo tanto, no prohiben la actividad económica en asentamientos. Confirmó que la potencia ocupadora tiene el deber de administrar el territorio, incluyendo la creación de infraestructura de transporte. Vea France-Palestine Solidarite v. Alstom, 11/05331, 2013.[/accordion_section][accordion_section title=”7. MITO: La lista negra es consistente con los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos y promueve la paz.”]VERDAD: Lo opuesto es cierto. La lista negra promueve la violación de los tratados entre Israel y la OLP conocidos como los Acuerdos de Oslo. Estos acuerdos afirman que cuestiones sobre el estatus final como las fronteras, Jerusalén, refugiados, y asentamientos deben ser “negociados en las discusiones sobre el estatus permanente”. (artículo 31, parr. 5) De hecho, los asentamientos deben ser resueltos a través de negociaciones, no mediante acciones unilaterales en la ONU. Al favorecer al lado palestino es una discusión que se supone que debe resolverse en negociaciones bilaterales, la ONU debilita la posición de negociación de Israel y hace que un acuerdo final sea más difícil de alcanzar.

Más aún, bajo los Acuerdos de Oslo, Israel es responsable de la seguridad de israelíes y de los asentamientos, y de proteger a los israelíes contra la amenaza del terrorismo. (Artículos 12 y 13). Cualquier intento de la ONU para distorsionar esta provisión, o de privar a Israel de cualquier tipo de producto o servicio vinculado a la seguridad, como lo sostiene la resolución 31/36, va en contravención de los Acuerdos de Oslo.[/accordion_section][accordion_section title=”8. MITO: La lista negra respeta el debido proceso para todas las empresas mencionadas.”]VERDAD: El criterio para la inclusión en la lista negra viola las reglas del debido proceso por es extremadamente vago y amplio, y no provee ningún tipo de guía para las empresas. La resolución pide “que se produzca una lista de todas las empress, involucradas en las actividades detalladas en el párrafo 96 del reporte antes mencionado: construcción, vigilancia, servicios de seguridad, utilidades, bancos, etc…”.
Las actividades en el párrafo 96 son consideradas problemáticas porque “elevan preocupaciones particulares sobre los derechos humanos”, sin especificar cuáles o porqué. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos solamente repite el lenguaje vago y amplio de la resolución 31/36 y del párrafo 96, y no ha publicado lineamientos claros para las compañías que establezca criterios donde explica el criterio para ser incluido en la lista negra. En la parte B de su reporte de enero de 2018, el entonces Alto Comisionado resaltó la arbitrariedad del criterio cuando explicó que solo las empresas involucradas en las actividades listadas serían incluidas, mientras que las empresas vinculadas en violaciones a los derechos humanos, pero que no pertenezcan a dichas actividades, serán excluidas.[/accordion_section][accordion_section title=”9. MITO: La lista negra no es discriminatoria.”]VERDAD: La lista negra es discriminatoria ya que apunta exclusivamente a Israel. La creación de la base de datos de empresas que hacen negocios en asentamientos israelíes, mientras que se ignoran a las empresas que conducen negocios en otros territorios ocupados, es una forma de persecución. Esta discriminación es contraria a los principios fundamentales del Consejo de Derechos Humanos de “universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad,” según lo establece la resolución de la Asamblea General 60/251.[/accordion_section][accordion_section title=”10. MITO: La lista negra no es anti-Israel, solo se trata de crear transparencia sobre empresas y productos para el beneficio de inversores y clientes. (Reporte del Alto Comisionado, 26 de enero de 2018, párrafo 9; Carta conjunta de Amnistía Internacional, 30 de noviembre de 2017, párrafo 3; Carta conjunta de 8 ONGs, 8 de noviembre de 2017, párrafos 4 a 8).”]VERDAD: No hay ninguna iniciativa similar para crear una base de datos sobre empresas que operan en otras situaciones de conflicto o en otros territorios ocupados (como el Sahara Occidental, Chipre del Norte, Nagorno-Karabaj, Crimea, entre otros.) Si la transparencia corporativa es el verdadero factor que motiva a la lista negra, esta no tendría como único objetivo las empresas que operan en territorios ocupados por Israel.[/accordion_section][accordion_section title=”11. MITO: La lista negra es consistente con las normas internacionales de derechos humanos.”]VERDAD: Al apuntar solamente contra Israel y al ignorar a las empresas que operan en otras situaciones de ocupación o conflicto, la lista negra promueve la discriminación basada en el origen religioso o nacional, en violación del principio de igualdad y no discriminación establecido en la Carta de la ONU, en tratados internacionales de derechos humanos, y en los lineamientos fundamentales del Consejo de Derechos Humanos. Las dictaduras que solicitaron la lista negra en 2016, y los activistas del BDS que los apoyaron, buscaron promover lo que el ex relator especial del Consejo, Richard Falk describió como una “guerra de legitimidad” contra Israel. A través de la historia, los boicots han discriminado a los judíos.[/accordion_section][accordion_section title=”12. MITO: Bajo los principios de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de detener sus negocios con asentamientos israelíes. (HRW, 28 de noviembre de 2017, párrafos 6-7).”]VERDAD: Los Principios para Negocios y Derechos Humanos expresamente sostienen la operación continua de empresas en áreas afectadas por conflictos. Estos principios meramente solicitan a las empresas que mantengan una buena conducta y que evalúen el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos, con el objetivo de mantener sus operaciones en áreas de conflicto, mientras que se toman las medidas necesarias para proteger los derechos humanos.
Cabe destacar que la responsabilidad de mantener el buen comportamiento recae exclusivamente en la empresa, no en un actor externo como la ONU. En lo que respecta a las normas de ocupación, mantener negocios en territorios ocupados también es consistente con (1) los tratados internacionales que autorizan que la potencia ocupadora conduzca negocios en territorios ocupados, particularmente para garantizar un gobierno efectivo del territorio, y (2) la jurisprudencia reciente de Francia y el Reino Unido afirman dicho principio.
Los principios para negocios sugieren que una empresa puede “considerar” retirarse de una zona en conflicto en la circunstancia limitada en la que el negocio determine que es incapaz de proteger los derechos humanos. Incluso entonces, la empresa debe examinar “el impacto negativo sobre los derechos humanos” de retirarse antes de tomar una decisión.
En el caso de asentamientos, tanto israelíes como palestinos pueden verse adversamente impactados por el retiro de empresas del área. Los principios para negocios no mencionan ni promueven la creación de ninguna lista negra de empresas que operan en zonas en conflicto. El hecho de que empresas operen históricamente en el contexto de ocupaciones alrededor del mundo, sin oposición de sus países de origen que bajo asesoramiento de expertos en derecho internacional, demuestra que esta actividad comercial no es en si misma una violación del derecho internacional ni de derechos humanos.[/accordion_section][accordion_section title=”13. MITO: La lista negra apunta solamente contra empresas que cometen violaciones contra los derechos humanos de los palestinos.”]VERDAD: Según lo establece el párrafo 17 de la resolución 31/36, el criterio para ser incluido en la lista negra es extremadamente amplio – cualquier empresa “involucrada en actividades detalladas en el párrafo 96 (del reporte de la ONU sobre asentamientos)” – y no está vinculado a ninguna violación de los derechos humanos en particular. Las empresas que proveen servicios esenciales de seguridad para la protección de todos los israelíes (no solo aquellos en asentamientos) están en la lista.
De la misma forma, las empresas que proveen infraestructura básica y utilidades a asentamientos israelíes, incluyendo transporte, desagüe, electricidad, gestión de residuos, están en la lista independientemente de como estas compañías tratan o se relacionan con los palestinos. El Alto Comisionado Zeid Hussein mismo admitió que los derechos humanos no son la fuerza que motiva la lista negra cuando dijo en reporte de enero de 2018 que no todas las compañías involucradas en violaciones a los derechos humanos serían incluidas en la lista.
Como lo dijo Nikky Haley en junio de 2017: “Hacer una lista negra de empresas sin siquiera observas sus prácticas de empleo o sus contribuciones al empoderamiento local, sino basándose completamente en su ubicación en una zona en conflicto es contrario a las leyes del comercio internacional y a cualquier definición razonable de derechos humanos.”[/accordion_section][accordion_section title=”14. MITO: La lista negra ayuda a los palestinos.”]VERDAD: La lista negra perjudica el acceso al empleo de palestinos en Cisjordania. Las empresas que conducen negocios en asentamientos emplean a miles de empleados palestinos, permitiéndoles mantener a sus familias. Estos palestinos perderán su trabajo si empresas que se encuentran en la lista se retiran de los asentamientos.[/accordion_section][accordion_section title=”15. MITO: La lista negra del Consejo de Derechos Humanos respeta y preserva el derecho inherente de Israel a la autodefensa bajo el derecho internacional.”]VERDAD: El artículo 51 de la Carta de la ONU afirma el “derecho inherente a la auto-defensa individual y colectiva” para miembros de la ONU que reciben ataques. Los ataques terroristas contra Israel, ya sea en la forma de ataques suicidas, ataques con cuchillos, con vehículos, misiles o morteros, todos habilitan el derecho a la autodefensa. Aún así, uno de los aspectos más importantes de la lista negra apunta contra la infraestructura de seguridad y defensa de Israel, socavando su habilidad para proteger a sus ciudadanos de ataques. Más aún, al incluir en la lista negra a empresas que proveen seguridad a asentamientos israelíes, el Consejo de Derechos Humanos legitima la violencia y los asesinatos contra civiles israelíes más allá de la Línea Verde – una clara violación del derecho internacional. Dichos ataques inclyen el ataque del 21 de julio de 2017, en el cual tres miembros de la familia Salomon fueron asesinados en su hogar, el asesinato en el verano de 2016 de Hallel Yaffa Ariel de 13 años mientras dormía, la doble ejecución de octubre de 2015 de Eitam y Naama Henkin mientras sus cuatro pequeños hijos miraban horrorizados, y muchos ataques similares.[/accordion_section][/accordion]
RECURSOS
Reporte de la ONU y Sitio Web

En apoyo a la lista negra

Criticando a la lista negra

Artículos de noticias

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